
GARA, 15/09/2002
Iritzia > Gaurkoa
Antton Morcillo - Miembro del Parlamento de Gasteiz
Obediencia debida
Tras la dictadura argentina que provocó miles de muertos y desaparecidos en aquel país sudamericano, los militares responsables de toda aquella represión alegaron el concepto de «obediencia debida al mando» para exonerar su responsabilidad criminal. Aquellos, siendo conscientes del genocidio que cometieron, de que sin ellos no hubiera sido posible la eliminación de la disidencia política, lograron la impunidad inventando el nuevo concepto legal. Alguno de aquellos acusados le echó incluso la cara dura de afirmar que no estaba de acuerdo con lo que hizo, pero que lo tuvo que hacer porque él cumplía órdenes.
Sin embargo, decía Mario Benedetti que «uno no siempre hace lo que quiere, pero tiene el derecho de no hacer lo que no quiere», y en ello estriba la diferencia entre el sometido y el colaborador. Y la colaboración con el poder es tan vieja como la historia de la humanidad, porque todo tirano ha precisado siempre de un colaborador a mano para hacer cumplir sus planes: Alejandro Magno se sirvió de los sátrapas persas, los romanos se sirvieron de Herodes, los británicos formaron las fuerzas cipayas en la India y los nazis se sirvieron de regímenes colaboracionistas en Francia, Holanda, Hungría, España... para instalar el exterminio masivo en Europa.
Tras la muerte de Franco, quien por cierto compartió mesa y mantel con Hitler en Hendaia, el régimen español amplió su nómina de colaboradores con el PNV, cediéndole el uso del inci- piente modelo autonómico, pero reservándose el dominio del mismo. Desde entonces, cumplir y hacer cumplir la legalidad española se ha convertido en la obsesión del centenario partido, hasta el punto de que hoy por hoy son los que más a rajatabla la aplican. Según parece, en eso quieren ser modelo de los españoles.
Tras 25 años de autonomía, se acabó la farsa democrática. El Estado español recupera su talante más autoritario para seguir manteniendo la opresión de nuestro pueblo; se nos vuelve a imponer el estado de excepción por la vía de los hechos, eliminando para los independentistas los derechos de reunión, de circulación, de asociación, de libertad de expresión, de presunción de inocencia, de igualdad... El carácter neofascista del Estado se muestra también en su rearme ideológico (patriotismo constitucional), en el aumento del control social, en la apuesta por la guerra y la agresión militar contra los pueblos, en la relectura a la baja del modelo autonómico del 78...
La estrategia del Estado contra nuestro pueblo es clara y la ilegalización del independentismo vasco no es más que un paso o, mejor dicho, es el más emblemático de ellos, en la me- dida en que la izquierda abertzale reúne al sector más comprometido y dinámico del país, aquel que más se ha destacado en la defensa de las libertades vascas y en el renacimiento cultural de Euskal Herria.
En un momento en que la responsabilidad y el sentido de país exige tener altura de miras para articular una estrategia que haga frente a los estados y supere el marco de dependencia estructural, PNV-EA y sus satélites se frotan las manos con la expectativa de repartirse el espacio institucional de Batasuna. Son los nuevos estraperlistas de la sociedad vasca, dispuestos a hacer su agosto mientras el país va a la catástrofe. De esta manera tan ruin, se produce la convergencia de intereses entre el Gobierno de Ibarretxe y el de Aznar, al que este último le pone el precio político de la colaboración represiva, otorgándole al Gobierno de Gasteiz el papel que constitucionalmente le corresponde como parte del Estado que es, para cumplir y hacer cumplir la Ley española.
Por eso, en la estrategia del caudillo Aznar, a Ibarretxe sólo le dejan ponerse el traje de gobernador civil para cerrar las sedes de Batasuna, para prohibir manifestaciones, para impedir a la ciudadanía vasca el ejercicio de derechos fundamentales y, en definitiva, para ser el cuerpo cipayo de intervención que requieren los españoles para aplastar el independentismo vasco.
Pero no es posible ser colaborador y abertzale a un tiempo. Son términos antagónicos, irreconciliables. No se puede calificar de fascista a Aznar y ser quien ejecute su estrategia; no se puede cuestionar la intencionalidad política de Garzón y ser quien cumple sus autos. No es posible disputar la hegemonía abertzale desde posiciones colaboracionistas.
Así pues, este PNV y este Gobierno autonómico (que no autónomo), que tan acostumbrados están a la esquizofrenia política, quieren una vez más estar repicando y participar en la procesión, sin rubor, con esa ramplonería prepotente de quien se cree un punto más listo que el resto de los mortales, y de esa forma nos han inventado el pase foral al revés: la ley no se acata, pero se cumple. De esta manera son capaces de proponer la presentación de un recurso de inconstitucionalidad contra la Ley de Partidos en el Parlamento sabiendo y asumiendo que luego van a ser ellos los responsables de su aplicación, tal y como gustosamente están haciendo con los autos de Garzón. Y, para más inri, pretenden utilizar a los parlamentarios de Sozialista Abertzaleak de coartada perfecta. Demasiada virguería incluso para un Ibarretxe avezado tras el 13 de mayo.
Esos ciudadanos «con caras y ojos», como le gusta decir al prefecto de Ajuria-Enea, no están para perder más tiempo asistiendo a la comedia orquestada por los jelkides. Empezarán a tener credibilidad cuando dejen de cumplir las órdenes de Madrid, cuando pasen de la obediencia debida a la desobediencia institucional, de la sumisión a la dignidad. -
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